Las Cortes de Cádiz publican el 18 de marzo la Constitución de 1812, en la que se encarga el régimen económico de la nueva organización territorial a las Diputaciones Provinciales. El día 5 de julio de 1813 las tropas francesas salen de la ciudad de Valencia, lo que motivó que el nacimiento de la Diputación de Valencia se produjera en la ciudad de Alicante el 14 de enero de 1813 y no fuera hasta el 6 de octubre de ese mismo año cuando comenzara sus sesiones en la ciudad de Valencia.

La Diputación de Valencia tuvo al principio una vida muy irregular, tanto en lo que se refiere al ejercicio de su actividad, como en el ámbito geográfico en que ejercía sus competencias. Respecto a su actividad, fueron suprimidas el 15 de junio de 1814 al restablecerse el Consejo Real. En marzo de 1820 fueron restablecidas hasta el año 1823, en que volvieron a clausurarse. A la muerte de Fernando VII, en 1833, se produce el restablecimiento definitivo de las Diputaciones a través del Real Decreto de 21 de septiembre de 1835. En cuanto a su ámbito geográfico, el 27 de enero de 1822 se promulga el Decreto de las Cortes sobre la división provincial, por el cual el Antiguo Reino de Valencia queda dividido en cuatro Provincias: Alicante, Castellón, Valencia y Xátiva. Esta última será surpimida más tarde, pues el 30 de noviembre de 1833 se establece una nueva división territorial con 49 provincias; por lo que respecta a Valencia, serán tres: Alicante, Castellón y Valencia.

La provincia de Valencia heredó las dos vías de gestión básica de sus precedentes del primer tercio del siglo XIX: en el exterior su lucha contra el Antiguo Régimen; e internamente, contra la penuria económica de la Corporación que cuestionaba su viabilidad. La agitada vida política y económica valenciana quedó perfectamente reflejada en la Institución y en su inestabilidad. El nuevo régimen liberal español y el librecambismo valenciano de exportación chocaron contra la pervivencia del Antiguo Régimen y los proteccionismos; las guerras carlistas destaparon el fraccionamiento territorial y social valenciano que existía entre lo urbano, progresista y elitista, y lo rural, reaccionario y populista; se vivió la alternancia política y el caciquismo, los primeros movimientos obreros y el republicanismo, que en Valencia consiguió los primeros alcaldes de toda España.

Esa inestabilidad se refleja, desde lo más anecdótico, a lo más simbólico. Ejemplo de ello, han sido las dificultades de la Institución para encontrar una sede propia, y que sus fronteras territoriales han estado en permanente corrección. La artificialidad de la provincia en ningún caso aseguró su éxito para los fines administrativos que la justificaron, y paradójicamente, el siglo XIX es su momento álgido, especialmente por su relación con el poder central a través de la figura del Gobernador Civil.

En el tránsito al siglo XX, con la Restauración, la Independencia de Cuba y las Asambleas de Municipios y Provincias de España, se evidenciaba que el poder modernizador de la provincia estaba lejos de los objetivos que se fijó en los propósitos del 33. En 1906 diputados valencianos y catalanes proponían en la Asamblea la alternativa de la Mancomunidad Provincial. El proyecto del conservador Antonio Maura, de 1907, consignó el derecho de Mancomunidad provincial y facultó al Gobierno a ceder determinadas competencias a las Mancomunidades que se formasen. En este sentido la provincia de Valencia jugó un papel impulsor muy importante a través de sus diputados provinciales, que firmaron la resolución final a favor de las Mancomunidades, y por tanto, por la determinación de un régimen económico amplio que permitiese conseguir mayor autonomía a las Diputaciones provinciales.

La Mancomunidad no fraguó, aunque la Diputación de Valencia pronto optó por buscar otras fórmulas de autonomía. Si bien en un primer momento y durante la I Dictadura fueron tímidas más cuando la experiencia catalana se frustró, durante la II República, un cuarto de siglo después, platearon abiertamente un proyecto de Estatuto Regional Valenciano. La guerra civil española hizo que la Diputación, devenida en Consejo ahondase más en la línea autonomista, y así, vemos como es la Corporación la promotora de proyectos concretos económicos, culturales, sociales, etc. La dictadura franquista retrotrajo a la Institución, tanto en Valencia como en España, a su papel político-administrativo de férreo control centralista. El advenimiento de la democracia y su sistema autonómico contempló la pervivencia de la Institución bajo las condiciones expresadas por la Ley 7/1985. No obstante, la Ley de Coordinación de las Diputaciones Valencianas, ha añadido una especial singularidad al caso valenciano al dotarse su Generalitat, el órgano autonómico de gobierno valenciano, de un instrumento para racionalizar su papel en el mundo coetáneo.